Acción Sindical
De nuevo ANPE denuncia las actuaciones de la Inspección Educativa en los centros docentes, impuestas por los máximos dirigentes de la Consejería, en lugar de organizar un plan de apoyo y ayuda a los cargos directivos y al profesorado de la enseñanza pública de Canarias.
ANPE CANARIAS siempre ha defendido que, de entre todas las funciones asignadas a los integrantes de los servicios de la Inspección Educativa, la que más echa de menos el profesorado en colegios e institutos es su labor de asesoramiento pedagógico sobre la profesión docente, que en cursos anteriores ha servido de gran ayuda tanto para resolver los problemas cotidianos del aula como para mejorar la práctica educativa, gracias a la experiencia acumulada por buena parte de los inspectores e inspectoras.
Sin embargo, la inoportuna y precipitada aplicación del llamado “Protocolo de evaluación de los centros”, impuesto de mala manera por la Consejería de Educación desde el curso pasado, está “levantando ampollas” en muchos centros de nuestras islas, donde las penurias motivadas por los “recortes” educativos han disminuido en exceso sus plantillas, privando al alumnado de recursos tan valiosos como el profesorado de apoyo, los desdobles en materias fundamentales y buena parte de las anteriores medidas de atención a la diversidad.
Este Protocolo no es visto con buenos ojos por los equipos directivos de los centros, que llevan varios cursos afrontando una durísima realidad escolar con unos limitadísimos recursos humanos y económicos, ni mucho menos por el profesorado, que se siente cada vez más explotado (con menos retribución, más alumnos y más obligaciones que atender) y con una carga burocrática cada vez más insoportable e inútil en la mayor parte de los casos.
Nadie acierta a comprender las razones para esta inusitada aparición del Inspector o Inspectora de turno, cuyo único objetivo parece ser la cumplimentación de más formularios, cuyo destino más probable, tras engrosar alguna nueva base de datos, será los cajones de su mesa o los archivos inagotables de la Administración Educativa.
Además de lo expuesto, el tiempo que dedica el Inspector o Inspectora a realizar esta supervisión es insuficiente para detectar fortalezas y debilidades de la acción docente en el aula (la programación, la planificación en el aula, la práctica y la evaluación) con el fin de realizar propuestas de mejora para el conjunto del claustro, y no solo en los docentes supervisados.
ANPE ha denunciado públicamente el hecho de que la Consejería no haya cubierto adecuadamente las numerosas bajas por jubilación sufridas por el cuerpo de inspectores durante los últimos cursos y le exige que haga un esfuerzo por incrementar su cada vez más escasa plantilla (unos 60 inspectores, para atender 1.000 centros y 22.000 docentes), con el fin de lograr un reparto más equitativo de las zonas de influencia y optimizar el esfuerzo que realizan sus actuales miembros.
Este sindicato es partidario de que la Inspección Educativa, durante las visitas periódicas a los centros de su jurisdicción, se centre especialmente en actualizar la información sobre la normativa vigente, se ofrezca a colaborar con el claustro en la solución de los problemas y conflictos que surgen cada día en el seno de la comunidad escolar, supervise la documentación institucional del centro para aportar sus sugerencias y líneas de mejora, ayude en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos para optimizar los resultados del alumnado y, en definitiva, emplee sus conocimientos y experiencia para aconsejar al profesorado más inexperto.
Para ANPE, éstos y no otros deben ser los principales objetivos y las pautas de actuación de nuestros inspectores e inspectoras, si de verdad la Consejería de Educación pretende que rememos todos en la misma dirección: la de preparar a nuestra juventud para afrontar su incierto futuro profesional.
Comparte este artículo.
