Acción Sindical
Durante la rueda 
de prensa convocada para difundir públicamente los datos relativos al número de docentes que recurrieron a este servicio del sindicato docente a lo largo del pasado curso escolar, los responsables de “El Defensor del Profesor” destacaron la inoperancia de las medidas implementadas por la Consejería. También se expusieron las referencias al profesorado agredido en la LOMCE y la Ley Canaria de Educación. Terminando con un certero análisis de la realidad educativa de nuestras islas.
Desde 2008, ANPE CANARIAS ha apostado por este servicio abierto a todo el profesorado, de atención inmediata y carácter gratuito, puesto en marcha para prestar apoyo psicológico y jurídico al personal docente, denunciar la indefensión que se vive en las aulas y llamar la atención a la sociedad sobre los peligros derivados del abandono de la función docente.
El número total de docentes atendidos por este sindicato se elevó a 157 intervenciones directas, de las que 80 se produjeron en S/C de Tenerife y 77 en Las Palmas. Si tenemos en cuenta que, en más del 60% de los casos analizados, las víctimas se han visto obligadas a permanecer un considerable período de tiempo en la situación de baja laboral (38 por ansiedad, 25 por depresión y otros 33 casos sin determinar), parece evidente que la pasiva actitud de nuestra Consejería está generando un importante sobrecoste para el sistema educativo de Canarias.
Su distribución por los diferentes niveles de enseñanza arroja las siguientes cifras: 31 casos en Educación Infantil, 51 en Educación Primaria, 64 en Educación Secundaria y los 11 restantes entre Formación Profesional, PCPI e Idiomas.
Considerando las motivaciones de las denuncias de los docentes agredidos nos encontramos con:
- Conflictos causados, entre otros, por los padres o familiares del alumnado:
- Agresiones de padres o familiares (20%).
- Acoso de padres (9%).
- Amenazas de padres (11%).
- Insultos de padres (12%).
- Falsas acusaciones de padres y alumnos (21%).
- Presiones para modificar las notas (6%).
- Cuando el culpable de la situación es, entre otros, el propio alumnado:
- Problemas para dar clase (88%).
- Insultos de alumnos (34%).
- Conductas agresivas de alumnos hacia sus compañeros (23%).
- Faltas de respeto (47%).
- Acoso de alumnos (3%).
- Amenazas de alumnos (12%).
- Agresiones de alumnos a profesores (9%).
- Abuso de soportes informáticos (29%).
- Daños causados a propiedades o pertenencias (1%).
- Cuando también forman parte, como agentes desencadenantes, el propio profesorado o la Administración Educativa:
- Problemas de índole administrativa (4%).
- Problemas con cargos directivos derivados de otras situaciones (7%).
El principal factor desestabilizador de la convivencia escolar, sin duda, son los sucesivos recortes presupuestarios, que nuestra enseñanza pública lleva soportando durante las dos últimas legislaturas. Abundan los escritos de AMPAS y familias denunciando la permanente disminución de la calidad educativa y las carencias a las que se enfrentan sus hijos e hijas, como resultado de la eliminación de grupos, el incremento de las ratios, la reducción de las plantillas docentes y la práctica desaparición de las medidas de atención a la diversidad. Tampoco podemos olvidarnos del creciente número de familias desestructuradas que esta larga crisis económica y de valores está generando en la sociedad isleña, cuyas derivaciones se reflejan en las aulas con un efecto multiplicador sobre los problemas surgidos en los centros educativos, sin que la Administración Educativa haya sido capaz de solucionarlos.
En la LOMCE, esta Ley que tanto nos desagrada por la forma en que el Gobierno impuso sus criterios y por la manifiesta insuficiencia de las reformas efectuadas en nuestro sistema educativo, encontramos algo muy positivo para el profesorado que se sufre agresiones en el ejercicio de sus funciones: el reconocimiento como autoridad pública.
Finalmente, nuestra reciente Ley Canaria de Educación contempla la posibilidad de prestar asistencia psicológica y jurídica gratuita al profesorado por hechos derivados del ejercicio de su actividad profesional, pero nos tememos que la exasperante lentitud del Gobierno para establecer un calendario y comenzar su desarrollo normativo nos deje a todos “con la miel en los labios”.
Secretaría de Comunicación de ANPE CANARIAS (25/11/2014)
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