La Consejería de Educación ha comunicado esta semana a los sindicatos educativos presentes en la Mesa Sectorial que tiene intención de constituir tribunales médicos para evaluar anualmente el estado de salud de los más de 4.000 docentes interinos que trabajan en la enseñanza pública de las Islas.

ANPE CANARIAS, el sindicato educativo con más representación en el Archipiélago, se opone rotundamente a esta medida, que califica de “sectaria y discriminatoria”, y advierte de que utilizará todas las vías legales para que la Administración dé marcha atrás.

Este apartado, incluido dentro de la negociación del procedimiento de adjudicación de destinos, ha suscitado un enorme malestar entre los representantes docentes. La decisión unilateral del departamento que dirige José Miguel Pérez es, a juicio del sindicato, “arbitraria”. Pedro Crespo, presidente de ANPE CANARIAS, explica que “la Consejería ya cuenta con mecanismos para testear el estado de salud de todos sus trabajadores: el servicio de Inspección Médica desarrolla esa labor”. La medida no se corresponde con ninguna necesidad real de la Administración pero, en cambio, supone un ataque a la dignidad y el buen hacer de miles de profesionales. “Lo que parece sugerir la Consejería es que sospecha de la buena situación de salud de los docentes interinos. Aplicar una medida así, solo para un colectivo, es injusto y denunciable”, advierte Crespo.

Según explicaron los responsables de la Administración en las reuniones celebradas esta semana, los interinos tendrán que someterse a la inspección médica antes de que se efectúe el nombramiento. Los docentes que no accedan a presentarse o que no consigan un informe favorable podrán quedar excluidos del sistema de adjudicación.

ANPE CANARIAS, junto con otros sindicatos del sector, ha intentado mantener una reunión con la viceconsejera de Educación, Manuela de Armas, para exponerle su punto de vista. Sin embargo, la responsable no se ha sentado aún con las fuerzas sindicales para analizar un procedimiento que tiene visos de no ajustarse a la legalidad y que va en contra del principio básico debe defender la educación pública: la igualdad.

El sindicato, a pesar de apostar siempre por el diálogo como vía de resolución de conflictos, ha visto cómo la Consejería se atrinchera y no admite ninguna consideración por parte del profesorado. Esta actitud intransigente ha hecho que a ANPE CANARIAS no le quede más remedio que utilizar todos los mecanismos que tiene a su disposición para oponerse.

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