Acción Sindical
ANPE CANARIAS DEFIENDE A LOS INSPECTORES DE EDUCACIÓN
La Consejería de Educación es la única responsable de cualquier posible anomalía que se esté produciendo en el pago de sus nóminas, ya que, como sucede con las de todo el profesorado, las elabora y abona cada mes la Dirección General de Personal.
ANPE CANARIAS, el sindicato educativo más representativo del personal docente no universitario, quiere “romper una lanza” públicamente en defensa del buen nombre, la decencia y la profesionalidad de los funcionarios docentes que integran el Cuerpo de Inspectores de Educación, en estos momentos en que los medios de comunicación publican algunas noticias cuya incorrecta interpretación podría atentar contra su honorabilidad y dañar su imagen ante la sociedad, dificultando la importante labor que llevan a cabo para nuestra escuela pública estos compañeros y compañeras.
Aunque no se lo crean, este cuerpo docente está compuesto por funcionarios de carrera que, en una etapa anterior de su trayectoria administrativa, formaban parte de los restantes cuerpos que imparten clase en las enseñanzas no universitarias y que, ahora, con unas responsabilidades diferentes, desarrollan funciones de gran relevancia para el buen funcionamiento de nuestro sistema educativo. ¡Por cierto, ya va siendo hora de que la Consejería cubra las vacantes existentes en el Cuerpo de Inspectores desde hace meses!
No se trata, como algún despistado o malintencionado pudiera pensar, de un cuerpo “de élite” de la Administración ajeno al hecho educativo, sino todo lo contrario. Por esta razón, como ocurre con todos los maestros y profesores que prestan sus servicios en colegios e institutos, sus retribuciones (las básicas y también las complementarias) se encuentran fijadas en la normativa vigente y los Inspectores e Inspectoras en activo las reciben en sus cuentas corrientes por transferencia que ejecuta el correspondiente órgano pagador: la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias.
¡Por favor, que nadie piense que estamos ante una denuncia de “dinero negro”, pagado en un sobre más o menos grande por debajo de la mesa! Esa práctica abominable, tan conocida en la empresa privada y tan utilizada por algunos empresarios y gestores de lo público sin escrúpulos, resulta completamente extraña a los docentes y, además, de imposible realización entre los empleados públicos, cuyos ingresos están permanentemente fiscalizados por el Gobierno correspondiente.
Como siempre hemos defendido (y continuaremos haciéndolo) la honradez de nuestros compañeros y compañeras (los que cada día trabajan en el aula y quienes ocupan puestos de responsabilidad en la Administración), ahora también queremos afirmar, con absoluta rotundidad y claridad, que cualquier irregularidad detectada en sus nóminas debe ser imputada a los anteriores gestores de la Consejería, nunca a los propios Inspectores.
¿Alguien en su sano juicio podría entender que los Auxiliares de Conversación son los responsables del despropósito perpetrado en su contratación laboral por parte de la Consejería? ¿No hemos coincidido todos en considerarles “víctimas” de unas malas decisiones administrativas de los anteriores dirigentes que, en estos momentos, están impidiendo la prestación de un servicio tan necesario para nuestro alumnado?
¡Por favor, dejemos los “linchamientos” públicos para las películas del Oeste! ¡Exijamos a la Consejería que resuelva cuanto antes este problema y abone a todos los Inspectores de Educación las retribuciones que les corresponden por el desempeño de su labor, como al resto de los funcionarios públicos!
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