ANPE Canarias solicita a la Consejería de Educación que impulse el departamento de Inspección Educativa y lo ponga al servicio de los docentes, ya que entendemos que el profesorado de las Islas necesita orientación para afrontar los cambios normativos derivados de la aplicación apresurada de la LOMCE. Por este motivo, estamos haciendo lo imposible por cubrir ese vacío, pero también advertimos de que la Administración está eludiendo sus obligaciones.

 

De hecho, planteamos esta demanda en la primera reunión técnica mantenida con responsables de la Dirección General de Personal. Desde esta organización entendemos la labor de control que desarrolla este servicio, pero lamentamos que su trabajo quede en muchos casos limitado a verificar el cumplimiento de normativas.

Estas carencias han quedado de manifiesto especialmente este curso, cuando el profesorado canario ha tenido que asumir la llegada de una nueva ley sin ningún tipo de información por parte de la Consejería. Esta caótica adaptación podría haberse mejorado si los inspectores de zona hubiesen realizado su tarea como asesores.

Durante la legislatura pasada se recuperó un modelo de inspección educativa que generó un amplio malestar en el seno de la comunidad educativa. Este sindicato consideró abusivas las concesiones a los inspectores porque entendía que podrían generar un clima de desconfianza en los centros. Por ese motivo, advirtió del riesgo de permitir visitas sorpresa para supervisar si los docentes cumplían con el currículo previsto en el plan de estudios. “Nos sorprende que no se ponga tanto empeño en la vertiente didáctica; si se hiciera los resultados de esos exámenes serían perfectos”, ironiza Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.

La mejora del sistema público de enseñanza es responsabilidad de toda la comunidad educativa. ANPE Canarias considera que una manera de trabajar para tener una escuela mejor es recuperar la figura del inspector orientador. “Los docentes canarios necesitan su apoyo más que nunca”, apunta Crespo.

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