Acción Sindical
ANPE DENUNCIA QUE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, EN LUGAR DE NEGOCIAR, IMPONE SU CRITERIO EN LA MESA SECTORIAL Y HACE UN LLAMAMIENTO A SECUNDAR LAS PROTESTAS DEL PRÓXIMO VIERNES.
En la sesión de la Mesa Sectorial de Educación celebrada hoy, martes, el sindicato docente más representativo del sector lamentó la pérdida del talante negociador del Consejero, rechazó la imposición de medidas y se opuso a la reducción de plantillas que se avecina para el próximo curso.
ANPE, durante la sesión de la Mesa Sectorial de Educación, ha pedido al Consejero y Vicepresidente del Gobierno que retome urgentemente la vía del diálogo y la voluntad negociadora con que su equipo inauguró la legislatura, ya que, a la vista de los últimos acontecimientos, las relaciones de la Administración Educativa con los sindicatos más representativos del sector no universitario parecen haber regresado a los recientes “tiempos de ordeno y mando” que tanto daño causaron a la enseñanza pública de las islas. En este sentido, recordó al máximo responsable educativo que, desde hace dos meses, no se ha recibido una sola propuesta, ni se ha consultado al sindicato sobre las posibles medidas aplicables al profesorado, mientras en ese mismo plazo de tiempo se ha mantenido reuniones con algunos otros sectores.
La presencia en la reunión del Consejero de Educación, solicitada unánimemente por las centrales sindicales la pasada semana, apenas ha servido para profundizar tímidamente en algunas confusas explicaciones y torpes excusas para intentar disfrazar lo que, en definitiva, no es sino un evidente cambio de postura del Gobierno de Canarias respecto al Real Decreto-ley 14/2012, impuesto por el Ministerio para “ayudar” a las Comunidades Autónomas a cumplir con sus nuevos objetivos de déficit. No parece de recibo que todavía se esté a la espera del informe previo de los Servicios Jurídicos de Presidencia para recurrir dicha normativa estatal, como anunció el Consejero desde antes de que se publicase en el BOE.
ANPE condenó enérgicamente el proyecto de Orden de la Consejería, que hace recaer sobre las espaldas de los docentes todo el peso de las nefastas medidas contempladas por el Ministerio y traerá como consecuencia directa el despido o la no contratación de más de mil interinos, cuya antigüedad en las aulas supera de largo, en muchos casos, los diez años de experiencia docente. El sindicato ha exigido al Consejero que, si realmente continúa apostando por la enseñanza pública de nuestra tierra, mantenga su postura inicial de negarse a aplicar en Canarias aquellas medidas que no sean “de obligado cumplimiento”.
A fecha de hoy, todavía se desconoce los planteamientos y las directrices de la Administración sobre la planificación del próximo curso escolar, mientras que, sorprendentemente, el proyecto de Orden llevado a la Mesa supone un cambio unilateral e inaceptable de las condiciones laborales del profesorado. Además, resulta de todo punto inconcebible para cualquier persona sensata que, precisamente cuando se aumenta de 18 a 20 las horas de clase semanales y, por consiguiente, el número de alumnos a evaluar por cada profesional de la enseñanza, disminuyan las horas destinadas a la preparación de las diversas materias que habrá que impartir, al diseño de las actividades a desarrollar en el aula, a la corrección de las pruebas aplicables al alumnado y a la propia formación de los docentes.
Aunque el Consejero manifestó su intención de implantar “medidas compensatorias” en algunas zonas educativas con mayores dificultades económicas o sociales, parece difícil apoyarlas, ya que no se ha concretado nada y ni siquiera se ha pedido la opinión a los representantes legales de los trabajadores.
ANPE considera que existe una solución menos traumática para el profesorado que aumentar de 24 a 26 las horas de permanencia semanales en el centro de trabajo. Como cada curso escolar, este año habrá que negociar las Instrucciones de funcionamiento de los centros y, desde nuestro punto de vista, esa será la mejor oportunidad para alcanzar un acuerdo entre las partes, si realmente se quiere evitar que el profesorado de Canarias sufra en sus condiciones laborales la peor agresión de la última década.
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