Acción Sindical
Esta mañana Nicolás Fernández Guisado, presidente de ANPE Nacional ha intervenido en la subcomisión en el seno de la Comisión de Educación y Deporte para transmitir la posición y el compromiso de ANPE en relación con la elaboración y el impulso de un Gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación.
Antes de abordar las propuestas, ANPE tras haber realizado un diagnóstico de la situación en la que se encuentra nuestro sistema educativo, ha exigido la reversión de los recortes porque desde el año 2010 se han venido produciendo desajustes presupuestarios que afectaron a la calidad de nuestro sistema educativo y a las condiciones laborales del profesorado.
Para alcanzar este Pacto Educativo partimos del artículo 27 de la Constitución, para desde ahí impulsar un acuerdo básico que permita conseguir una educación de calidad buscando la equidad que nos equipare con los países más avanzados de nuestro entorno. El pacto de Estado por la Educación debe partir, precisamente, del reconocimiento de esta necesidad. Será necesario para ello abordar una serie de aspectos primordiales:
- El modelo y estructura del sistema educativo: es necesario un cambio de modelo educativo hacia parámetros de calidad basados en la valoración del conocimiento, la adquisición de competencias, la exigencia en el aprendizaje, la evaluación rigurosa y el esfuerzo, conceptos que no están reñidos con la atención a la diversidad o las necesidades especiales, todo lo contrario, impulsan las verdaderas potencialidades de los alumnos, sea cual sea su punto de partida. Para ANPE las evaluaciones han de servir para mejorar los resultados y deben ser un instrumento para el diagnóstico del progreso en el aprendizaje, para la homologación de contenidos y para la aplicación de programas de refuerzo y recuperación de los alumnos.
- La vertebración y cohesión del sistema educativo: El Estado está obligado a definir unos principios y unos contenidos básicos comunes para todos y hacerlos cumplir con la finalidad de cohesionar nuestro sistema y ello afecta tanto a los contenidos curriculares, a los derechos de los ciudadanos a hacer compatible el derecho a conocer y usar el castellano con las demás lenguas vernáculas y a la propia regulación de los cuerpos docentes. Priorizar la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo porque es la única que llega a todos los rincones, atiende a todos los alumnos cualquiera que sea su situación y es por ello garante de la cohesión social y del principio de igualdad de oportunidades. La vertebración debe afectar también al mantenimiento del carácter estatal de los cuerpos docentes y a liderazgo que debe ejercer el MEC con las políticas de ofertas de empleo público. No resulta admisible el descontrol que cada año se viene produciendo con ocasión de las convocatorias de oposiciones.
- La financiación de la enseñanza: Debe existir un compromiso económico entre los partidos políticos y entre el Estado y las comunidades autónomas mediante un Ley de financiación. Tenemos que ir aumentando la inversión educativa, hasta recuperar el 5% al final de esta legislatura, para proyectar en las siguientes un aumento que alcance, al menos, un 6% del PIB. Sólo así se podrán en marcha las reformas en nuestro sistema educativo. Es necesaria, además, la promulgación de una Ley de Financiación para las enseñanzas profesionales, con indicación expresa de las responsabilidades que en materia de financiación deban tener las administraciones públicas de manera que se garantice una suficiente dotación de recursos materiales y humanos para la atención de toda la demanda de formación profesional.
- El funcionamiento de los centros: Aunque es cierto que en las últimas leyes se han producido algunos avances, necesitamos desarrollar el principio de autonomía pedagógica y organizativa de los centros y diseñar un nuevo marco de la función directiva más profesionalizada, regular la participación en los centros así como la recuperación de las competencias técnico-profesionales para los claustros docentes.
- La situación del profesorado y su desarrollo profesional. La elaboración de un Estatuto Docente que contemple un nuevo modelo de formación inicial y una nueva selección del profesorado a través de la instauración del MIR educativo, además de un Estatuto de la Función Docente, partiendo del respeto a los derechos adquiridos al profesorado, siendo una norma marco imprescindible para regular el acceso, la selección y el desarrollo de la carrera profesional desde el ingreso hasta la jubilación. Si el pacto que se alcanzase no abordase en profundidad la situación del profesorado, éste nunca será efectivo.
- La aprobación de un Plan Estratégico Nacional de Mejora de la Convivencia Escolar liderado y coordinado por el Ministerio, que contaría, entre otros, con los siguientes apartados: Un programa de prevención de acoso escolar, la reactivación del Observatorio Estatal sobre la Convivencia Escolar, El cumplimiento y desarrollo de los Decretos de convivencia, así como las Normas de conducta establecidas en los centros. El desarrollo reglamentario en todas las Comunidades Autónomas del artículo 124 de la LOMCE que recoge la consideración de autoridad pública de los docentes y un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar.
Para ANPE, la ley de la profesión docente para que sea posible, debe ser política, social y territorial. Somos conscientes de que el consenso sobre estas cuestiones es complejo, pero es necesario alcanzarlo si verdaderamente queremos sacar a la educación de la confrontación ideológica permanente y dotar de estabilidad al sistema educativo.
Para ANPE esta ley de la profesión docente debe conducir a tres objetivos esenciales: recuperar el sentido etimológico de educar frente al más limitado de enseñar, combatir el fracaso escolar mejorando el rendimiento educativo de todos los alumnos y revalorizar la profesión docente.
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