Instamos ayer a la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias a poner en marcha el prometido protocolo para atender jurídica y psicológicamente a docentes agredidos. Por este motivo, planteamos esta reivindicación en una carta remitida a la titular del área, Soledad Monzón, en la que expusimos las principales prioridades para el profesorado canario.

 

Con motivo de la finalización del primer curso académico tras las últimas elecciones autonómicas, consideramos que ha llegado el momento de hacer balance y dar cuenta de todo lo que aún queda pendiente. A pesar de la fluida relación con la Administración, y de los logros que se han ido consiguiendo, advertimos de que el sistema educativo canario debe continuar avanzando para contar con unas condiciones óptimas. Es urgente establecer un plan plurianual de actualización de salarios, de manera que se avance en mejoras retributivas para el personal que culminen con la equiparación de los sueldos de los docentes canarios con los del resto del Estado.

 

Esta Consejería ha intentado articular todas aquellas demandas del profesorado que no requerían un aumento presupuestario. No obstante, muchas de las carencias del sistema educativo exigen una financiación superior a la que se incluye en los presupuestos vigentes. De hecho, España es el país de la UE-15 que menos invierte en Educación y está a la cola en nivel formativo de su población adulta, dato que es representativo del lugar en el que se encuentra esta comunidad autónoma.

 

Consideramos que ha llegado el momento de recuperar los descuentos horarios anteriores a la crisis. No es de recibo que los datos macroeconómicos evidencien una mejora de la economía y que, sin embargo, eso no se traduzca en mejores condiciones también para el profesorado. Asimismo, es imprescindible incrementar el profesorado de apoyo, contratar a auxiliares de conversación –tal y como se comprometió la consejera- y reducir, de una vez, la burocracia que soportan los docentes.

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