La labor del docente es igual de importante en todas las comunidades autónomas. Su trabajo es formar a las nuevas generaciones, las que tomarán las decisiones en un futuro no muy lejano. Sin embargo, esta responsabilidad que más de 20.000 docentes han asumido en Canarias con orgullo y dedicación no está reconocida de la misma manera que en otros lugares. El Archipiélago es la única región donde no se abona el complemento de sexenios, lo que ha convertido al profesorado de las islas en el peor remunerado de todo el Estado.

 

A medida que avanzan los años y el profesional gana antigüedad, la brecha salarial se incrementa, dejando en una clara e injusta situación de desventaja a quienes ejercen su vocación en nuestro territorio. Se trata de un agravio comparativo injustificado que genera desilusión y tristeza. ¿Acaso nos está diciendo la Consejería de Educación que somos profesores de segunda clase? ¿Cree el departamento que dirige Soledad Monzón que ese menosprecio no tiene una incidencia directa en la calidad de la docencia?

En ANPE Canarias estamos dispuestos a luchar por los derechos del profesorado que cada día va a su centro y se esfuerza por dar lo mejor de sí y formar a los niños y niñas que serán los hombres y mujeres de mañana. Por ese motivo, este sindicato se ha marcado el firme objetivo de continuar en la brega para que la desigualdad económica desaparezca y la Consejería entienda que es una cuestión de justicia, pero también de interés, reconocer nuestro trabajo, y que debe hacerlo equiparando nuestros sueldos con los del resto de compañeros que desempeñan su trabajo en la península. Ahora mismo, un profesor con 25 años de antigüedad puede cobrar casi 600 euros menos al mes que uno que hace exactamente la misma labor en Cataluña. Además, en Canarias lo hace con el añadido de trabajar en una de las regiones con mayor abandono escolar.

En lugar de promover las reclamaciones individuales y esperar a que la suerte sonría a cada docente, nuestra organización considera más eficaz promover una negociación colectiva para que el profesorado no tenga que enfrentarse en solitario a reclamaciones que, conociendo nuestro sistema de justicia, pueden eternizarse. Para ello, estamos dialogando con la Consejería con el fin último de pactar un calendario de negociaciones real, donde la reparación de este daño esté contemplada de manera oficial y repercuta en la totalidad de la plantilla. Las victorias individuales no nos sirven. Nosotros queremos que la batalla final la ganen todos los profesionales, que se merecen de la misma manera ese reconocimiento y esa justicia retributiva. Somos conscientes de que afrontar esa equiparación salarial puede ser un reto complicado para el ejecutivo y, en concreto, para el departamento educativo. Nuestro sindicato siempre ha estado abierto al diálogo y a alcanzar acuerdos consensuados. También en esta ocasión. Tenemos voluntad de llegar a pactos que redunden en una mejor situación laboral del profesorado y, por ende, en una mejor calidad del sistema educativo público. Eso sí, no estamos dispuestos a tirar la toalla. Todo lo contrario. Esta cruzada puede prolongarse, pero no desistiremos hasta que la Consejería de Educación y la sociedad canaria sean conscientes del papel clave del profesorado en la sociedad. Un buen comienzo sería que la Administración se posicionara claramente en este sentido y reconociera así la figura del docente.

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