Acción Sindical
Los conservatorios necesitan contar con una normativa específica que regule su actividad y acabe con los problemas de los últimos años, que amenazan con restar calidad a la enseñanza y crear profesores de primera y profesores de segunda dentro de la misma comunidad autónoma. Por este motivo, hemos trasladado esta demanda al nuevo equipo de la Consejería de Educación, en el marco de las mesas técnicas que se han celebrado estas dos últimas semanas. Apelamos a la seriedad y la buena voluntad de este equipo para alcanzar por fin un acuerdo que dé estabilidad a estas enseñanzas.
La situación que viven estos centros es prácticamente única en todo el país. La mayoría de las comunidades autónomas cuenta con una legislación específica y actualizada. Sin embargo, en Canarias padecen “irregularidades y lagunas legislativas”. Se trata de enseñanzas muy especiales que requieren de una normativa específica tanto en lo que concierne a los docentes que las imparten como al funcionamiento de estos centros. El traspaso, hace años, de los mismos de manos de ayuntamientos y cabildos al gobierno autónomo fue una buena noticia. Sin embargo, la Consejería de Educación nunca se ha preocupado por su estado.
De hecho, la inestabilidad laboral alcanza niveles alarmantes: las diferentes situaciones laborales, consecuencia de la "dejadez" por parte de los responsables políticos, avocan a la inseguridad y el nerviosismo a sus docentes, que en muchos casos imparten clase desde hace más de dos décadas. Por otra parte, demandamos una normativa específica que contemple las características y especificidades de los conservatorios de música, eso sí, que se ajuste a la normativa vigente en materia educativa.
Otra petición que reclama el profesorado de conservatorios es la necesidad de establecer un sistema de permisos reglamentariamente tramitados para la asistencia y/o realización de diversas actividades artísticas estrechamente relacionadas con el ejercicio de su profesión docente.
Consideramos que, a corto plazo, lo más urgente es establecer vías transitorias que regulen los requisitos para acceder a una vacante de forma temporal con el fin de evitar situaciones como las que se producen hasta ahora (contrataciones ilegales de profesorado, llegando incluso a las contrataciones “a dedo”, al margen de la normativa vigente y sin tener en cuenta la predisposición de los especialistas contratados en cursos anteriores), así como la necesidad de abrir un proceso de negociación para garantizar la estabilidad de la plantilla de estos centros.
Durante la legislatura, nuestro sindicato se dirigió por escrito en varias ocasiones al consejero José Miguel Pérez para tratar esta realidad, pero nunca fue atendido. Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias, quiere hacer un llamamiento público para que la comunidad educativa tome cartas en el asunto. “Como no existe una regulación se han producido contrataciones, de dudosa legalidad, de profesorado, lo que atenta contra el sistema de acceso a la función pública y pone en peligro la calidad de la enseñanza impartida", alerta.
El presidente del sindicato con más representación en la escuela pública insiste en que esta regulación no puede posponerse más. “Es una cuestión de derechos laborales y de dignidad, pero también, como siempre, de calidad de la enseñanza. No podemos seguir considerando que estas enseñanzas son de segunda división, y eso, parece, es lo que han hecho todas las consejerías de educación anteriores. Ha llegado el momento de ponerle fin”.
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