Acción Sindical

En la permanente del Consejo Escolar de ayer, llevábamos una propuesta de enmienda al proyecto de Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller modificando que todos los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación positiva en todas las materias obtendrán el título de Graduado en ESO. Dicha enmienda ha sido rechazada en el Consejo Escolar del Estado.

En lo que respecta a la obtención del título de la ESO, en este proyecto de Real Decreto no va a ser necesario sacar un 5 ni aprobar todas las asignaturas para lograr el título. Cualquier alumno de 16 años con un 4,5 de media en toda la ESO y con suspenso en Geografía e Historia y Matemáticas, por ejemplo, podrá salir del instituto con el título la ESO debajo del brazo y pasar incluso a cursar el Bachillerato. La LOMCE exigía que el alumno, al menos, tuviera un 5 de nota media. Sin embargo, la decisión –vigente desde diciembre pasado– de dejar sin efecto académico las reválidas ha llevado al Ministerio de Educación a elaborar un proyecto de normativa que sino da marcha atrás nos devuelve al sistema de evaluación que se venía aplicando anteriormente, que no es otra cosa que lo que regulaba la antigua LOGSE-LOE.

Hemos criticado siempre estas medidas instauradas en el modelo educativo español que rebajaban  notablemente en las últimas décadas la cultura de la exigencia, del rigor y del esfuerzo, recogidas en la regulación de los propios criterios de evaluación y promoción de curso. Se trata de un modelo que, buscando la igualdad y esforzándose por conseguir la mayor equidad – reconocida en los informes internacionales- ha dado lugar a profundas desigualdades porque, cuando un sistema educativo tiene carencias, perjudica a quienes no pueden compensarlas con actividades externas. Así que nos hemos encontrado con la paradoja de que el propio modelo igualitario crea la desigualdad.

Nos oponemos a esta devaluación del mérito porque no solo se perjudica al sistema educativo en general sino a la propia enseñanza pública, que es precisamente la  más perjudicada por este modelo. Por ello, defendemos como necesario un cambio de modelo educativo hacia parámetros de calidad basados en la valoración del conocimiento, la exigencia en el aprendizaje, la evaluación rigurosa y el esfuerzo, conceptos que no están reñidos con la atención a la diversidad o las necesidades especiales, todo lo contrario, impulsan las verdaderas potencialidades de los alumnos, sea cual sea su punto de partida.

El concepto del falso igualitarismo y las medidas académicas de bajada de niveles devaluando el mérito y el esfuerzo han perjudicado a varias generaciones de alumnos y han desmotivado a los profesores. Estas medidas atentan contra la calidad y excelencia del sistema e incluso contra la propia autoridad magistral de los profesores.

A estas disfunciones que afectan a la cultura del rigor y el esfuerzo debemos añadir otra, la continua improvisación y los cambios de criterios recogidos en la normativa a dos meses del final de curso, lo que genera desconcierto y confusión entre el profesorado y el alumnado.

La búsqueda de un Pacto Educativo, que es un objetivo loable, no puede hacerse a cualquier precio, si para ello se ha de renunciar a los verdaderos principios vertebradores de la educación: la responsabilidad, el respeto, la autoridad magistral, el esfuerzo, la exigencia, la excelencia en la medida máxima de las posibilidades de cada alumno y la propia evaluación como instrumento de medir el progreso en el aprendizaje.

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