
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, entre las diversas medidas presupuestarias para reducir el déficit público (vulgo, RECORTES), contempla en su artículo 9 las nuevas prestaciones económicas que corresponde percibir a los empleados
públicos cuando se hallan en situación de incapacidad temporal.
Como todo el mundo sabe, los docentes formamos parte del denostado colectivo de empleados públicos, sobre todo a la hora de ver congelado nuestro sueldo, apretarnos el cinturón y estar permanentemente en la diana de la opinión pública, gracias a las declaraciones que periódicamente nos dedican nuestros políticos como distracción para estos tiempos de crisis.
Con el cuadro siguiente queremos resumir las diferentes situaciones retributivas que, a partir del pasado día 15 de octubre, les aguardan a nuestros compañeros y compañeras que tengan la desgracia de caer enfermos:
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Tres primeros días de baja |
Reducción del 50% de las retribuciones totales |
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Del cuarto al vigésimo día de baja |
Reducción del 25% de las retribuciones totales |
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Del día 21 al 90 día de baja |
Percepción del 100% de las retribuciones básicas y complementarias |
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A partir del día 91 de baja |
Percepción del subsidio correspondiente |
Por supuesto, como en cursos anteriores, las ausencias de tres días o menos no conllevarán deducción alguna en los haberes del profesorado, aunque sigue siendo obligatoria la presentación del correspondiente justificante a la dirección del centro.
El Gobierno de Canarias tenía previsto publicar una normativa específica durante el pasado mes de septiembre, pero todavía estamos esperando que, además de criticar al Gobierno de España, se atreva a desarrollar en su ámbito de competencia la normativa estatal.
Mientras tanto, el sufrido profesorado de estas islas permanece sumido en la incertidumbre, temeroso de que, cuando menos se lo espere, su nómina le sorprenda con un nuevo “tijeretazo”, como justo castigo por no haber sabido preservar su valiosa salud.
Les mantendremos informados de este despropósito vergonzoso y sin precedentes en nuestra historia democrática, que bien podría rozar los límites de la indefensión más absoluta.