SER EMPLEADO PÚBLICO NO ES UN “CHOLLO”

Cualquier empresario decente, cuando las dificultades acosan su proyecto y contempla preocupado la llegada de “las vacas flacas”, sabe que debe esforzarse por conseguir nuevos créditos, renegociar su deuda y establecer un nuevo calendario de pagos con sus proveedores.

Si, a pesar de todo, continúa la tormenta, trata de rebajar sus costes de producción, negocia mejores precios para las materias primas, ajusta sus márgenes comerciales, rediseña sus redes de distribución o se lanza a descubrir nuevos mercados para sus productos.

Finalmente planteará a sus trabajadores la necesidad de consensuar un ajuste salarial que permita mantener los puestos de trabajo y, si no encuentra otra salida, aceptará como irremediable la reducción de su plantilla de empleados. Sólo entonces, cuando todas las opciones son inviables, se producirán los malditos despidos.

Sin embargo, quienes rigen los destinos de los empleados públicos, estos políticos mediocres convertidos en gestores por arte de magia o por influencias en su partido más o menos inconfesables, no pasan de ser, en la mayoría de los casos, unos simples empresarios “aficionados”, que no se atreven a explorar las demás soluciones por sus propias limitaciones o porque “no sienten la empresa como suya”.

Eso sí, son unos aficionados con mucho poder, con una capacidad absoluta para ejercerlo sobre sus numerosos y pacientes subordinados, resignados a soportar los designios de quienes, colocados en sus poltronas durante algunos años, tienen que tomar difíciles decisiones que, en ocasiones, les vienen “demasiado grandes”.

Estos políticos trashumantes, que cada legislatura trasladan su prepotencia por los despachos de las Administraciones, han caído en un gravísimo error. Una equivocación que jamás cometería un verdadero empresario: hablar mal de sus propios trabajadores, desprestigiarlos ante la opinión pública, culparlos de esta crisis financiera que amenaza la supervivencia de nuestra apuesta europea.

Claro, lo más sencillo para reducir costes es rebajar una y otra vez el sueldo de los empleados públicos, porque la sociedad, que asiste aterrada a la mayor destrucción de empleo privado que se recuerda, lo comprenderá perfectamente. En circunstancias tan terribles, ¿quién apoyará a estos “gandules”, que tienen un puesto de trabajo fijo, para toda la vida, sin apenas merecerlo?

Algunos creadores de opinión se han apresurado a distinguir entre los funcionarios, que aprobaron una oposición como Dios manda, y el resto de empleados públicos, cuyos dudosos méritos para acceder al puesto de trabajo les convierten en “carne de cañón” para la inminente cura de adelgazamiento de las estructuras administrativas.

Pero no todos son figurantes, enchufados y paniguados del partido en el poder. También hay honrados profesionales que sólo pudieron acceder a la función pública por la vía secundaria del contrato laboral, porque quienes debían convocar las oposiciones que les abrirían las puertas de los cuerpos administrativos, no se atrevieron nunca a hacerlo, para no cerrarse la posibilidad de continuar alimentando su oscuro régimen clientelar.

Respecto a las “escandalosas” remuneraciones de los empleados públicos, nada mejor que recurrir a las frías cifras para demostrar a la sociedad que, si deducimos los incrementos y reducciones salariales de las subidas del IPC en los últimos treinta años, nuestra capacidad de poder adquisitivo se ha visto mermada en casi un 50%, como se puede comprobar consultando los datos oficiales de la siguiente tabla:

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