Acción Sindical

Exigimos que el compromiso por la mejora de la calidad de la enseñanza que ha justificado la aprobación de la nueva ley educativa venga acompañado de partidas económicas.

Como sindicato con más representación en el sistema educativo público no universitario nos oponemos a que los resultados de las reválidas incluidas en la LOMCE se usen para elaborar un ranking de centros y recordamos, además, que la evaluación continua que ya se aplica en los centros educativos es la herramienta idónea para evaluar al alumnado y que las dificultades de aprendizaje sólo se atajarán si hay recursos económicos para ello.En Canarias, alrededor de 40.000 alumnos se presentarán a las pruebas de tercero y sexto de Primaria este curso. La mayoría se tendrá que enfrentar a la segunda de ellas, que supone el cambio de etapa educativa. El enfrentamiento que ha suscitado la ley entre las comunidades autónomas y la decisión de la Consejería de Educación de las Islas de “adaptar” la reválida al examen que contempla la Ley Canaria de Educación, han generado un profundo malestar en muchos centros educativos, cuyos equipos directivos han denunciado la escasa y tardía información al respecto.

Por este motivo, no estamos de acuerdo con la decisión de incorporar al sistema educativo evaluaciones externas con el fin de calificar a los estudiantes, la valoración de las competencias, destrezas y habilidades del alumno y la evaluación de su aprendizaje deben traducirse en refuerzos y apoyos positivos para los estudiantes. Es decir, han de usarse para que los chicos puedan  alcanzar sus objetivos y no para establecer un sistema de clasificación que nos llevaría a una carrera anual para supeditar el aprendizaje a los resultados de las pruebas a los rankings de los centros, perdiendo con ello el verdadero objetivo de diagnóstico y recuperación del alumno para alcanzar el éxito educativo. Además, no somos partidarios de que se otorguen a las comunidades autónomas competencias del Estado en la fijación de las preguntas y el calendario de las pruebas, que ahondan, aún más, en las diferencias ya existentes entre los 17 sistemas educativos de nuestro territorio nacional.

Los nuevos proyectos normativos de evaluaciones en ESO y Bachillerato han mejorado algunas de las graves deficiencias que ya hemos denunciado, como, por ejemplo, que las pruebas sean aplicadas y calificadas por funcionarios docentes, que se eliminen las preguntas tipo test o que la prueba de 2º de Bachillerato sirva finalmente no sólo para obtener el título, sino también para acceder a la Universidad. Sin embargo, nos sigue preocupando cuestiones como que el desarrollo de la prueba de 4º de la ESO tenga carácter meramente académico para aquellos alumnos que han obtenido buenas calificaciones en su centro educativo.

Por último, consideramos que tanto estas evaluaciones como todo el desarrollo normativo de la LOMCE serían más efectivos si hubieran sido el fruto de un consenso educativo previo, con la participación del profesorado, que es quien está poniendo en marcha la ley y, en definitiva, quien va a aplicar estas pruebas.

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