Acción Sindical
Como sindicato más representativo de la enseñanza pública no universitaria en Canarias valoramos los planes educativos anunciados por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el Debate del Estado de la Nacionalidad, pero recordamos que todavía hay muchas medidas pendientes que hay que poner en marcha. La más importante, porque de ella dependen casi todas las demás, es aumentar el presupuesto para la enseñanza pública, sin olvidar que esta demanda unánime de toda la comunidad educativa fue asumida por el Ejecutivo regional al acceder al poder, pero, sin embargo, no se ha materializado.
Fernando Clavijo prometió hace ocho meses, en su discurso de investidura, que Canarias alcanzaría la media europea en inversión educativa en función del Producto Interior Bruto (PIB), pero el presupuesto sólo se ha aumentado un 1,09%.
No podemos obviar la situación económica y política actual: Canarias aún no ha salido de la crisis y el Ejecutivo estatal no ha querido flexibilizar la regla de gasto en las pocas comunidades que cumplieron con creces el objetivo de déficit. En un contexto así, la elaboración de un presupuesto autonómico es una tarea ardua. Así y todo, nuestro sindicato considera que hay que hacer más esfuerzos para que en el reparto no salga siempre mal parada la educación, ya de que ella depende el futuro de la sociedad canaria. De hecho, agradecemos muchas de las acciones emprendidas por los máximos responsables de la Consejería de Educación y Universidades, que se han centrado en recuperar el diálogo con las centrales sindicales en la Mesa Sectorial de Educación para poder avanzar todos juntos, pero les pedimos un compromiso mayor.
Entendemos que lo primero que hay que exigir al presidente es que sea capaz de conseguir que su Gobierno incremente de manera sustancial las partidas presupuestarias destinadas a la enseñanza pública en los próximos ejercicios presupuestarios, ya que las correspondientes a 2016 todavía son inferiores a las del año 2004.
No parece aceptable que con un incremento presupuestario del 1,09% respecto a las cuentas de 2015, destinado en su mayor parte a cubrir la insuficiente subida retributiva del personal docente, se pretenda convencer a la sociedad canaria de que se está cumpliendo con la Ley Canaria de Educación. A este ritmo, será absolutamente imposible que en 2022 la inversión educativa en las Islas alcance el 5% de nuestro PIB.
Además, recordamos, igual que hicimos cuando la consejera de Educación, Soledad Monzón, expuso hace unas semanas los planes de actuación previstos por su departamento, que lo importante no es anunciar proyectos más o menos interesantes o novedosos, sino disponer de unas partidas presupuestarias anualmente consolidadas, que posibiliten su realización y, lo que es más importante, su mantenimiento y expansión durante varios cursos escolares. Tenemos una hoja de ruta, la Ley Canaria de Educación, que es fruto del consenso de todos los agentes implicados en la educación. Ahora se trata de dar un respaldo económico a lo que el Parlamento aprobó: invertir un 5% del PIB. Si no, de nada servirá que tengamos una ley, porque nuestra educación seguirá sin ser una prioridad. Usted, señor Clavijo, repite mucho que es la hora de Canarias. Pues no olvide que para ello, para cambiar el modelo productivo, hay que apostar por la educación.
Además, queda muy bien hablar del modelo de la FP Vasca, del Proyecto Enlaza y del futuro Plan de Formación Profesional 2017-2020, pero, mientras tanto, son centenares los alumnos y alumnas de FP que ven frustradas sus expectativas de cursar los ciclos formativos que desean, debiendo conformarse con estudiar otros distintos, en el mejor de los casos, mientras la Administración engorda las cifras del alumnado matriculado en estas enseñanzas mediante una oferta excesiva de ciclos semipresenciales y online, que es, proporcionalmente, la más generosa del Estado.
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